La Capamad, recién creada Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales, se alza como un poderoso actor en la industria de la minería de Bitcoin en Paraguay, con el objetivo de fortalecer la actividad en el país y garantizar un desarrollo normativo integral.
Integrada por 12 empresas mineras líderes en el sector, entre las que se encuentran Muiden, Antilia Sur, Archer, Richford, Bitfarms, Blockware, Penguin Infrastructure, Dolomiti, Velox Emprendimientos, Natural Environment, MCA de Cayo Maidana, y Digital Assets, la Capamad se erige como un defensor de la minería legal y responsable en Paraguay.
Estas compañías, que ya operan en suelo paraguayo y pagan tarifas al Estado por sus operaciones, inyectan anualmente a la economía paraguaya más de 1.530 millones de dólares, según el propio comunicado emitido por la cámara.
La Capamad nace en un contexto en el que el gobierno paraguayo está en una cruzada contra la minería de Bitcoin ilegal, que se realiza a partir de la sustracción ilegal de energía eléctrica. El gobierno, a través de la ANDE, ha incautado más de 9.600 mineros de Bitcoin, de los cuales más de 7.000 están en manos de esa entidad reguladora de la industria eléctrica y del Ministerio Público.
En respuesta a esta situación, el Poder Legislativo de Paraguay está tratando al menos 4 proyectos de ley orientados a la regulación de la minería de Bitcoin y la lucha contra la actividad minera ilegal. La Capamad, por su parte, está trabajando en un proyecto de ley propio, con el respaldo de un grupo de senadores, que será presentado en un futuro próximo.
El CEO de Digital Assets y presidente de Capamad, Juanjo Benítez Rickmann, aseguró que solo serán admitidas en la cámara las empresas legalmente constituidas en Paraguay y que cuenten con contratos con la ANDE para el pago de tarifas, descartando así la presencia de mineros clandestinos en esta organización.
En definitiva, la Capamad se presenta como un nuevo y poderoso actor en la industria de la minería de Bitcoin en Paraguay, con el objetivo de fortalecer la actividad legal y responsable en el país y garantizar un desarrollo normativo integral en un contexto en el que el gobierno está en una cruzada contra la minería ilegal.