Activistas denuncian alarmante falta de imparcialidad en el sistema jurídico venezolano

Titular: Alarmante situación en Venezuela Las detenciones arbitrarias amenazan el acceso a la justicia y a la defensa en pleno año electoral

En un año marcado por las elecciones, Venezuela se enfrenta a una preocupante realidad: la ausencia de garantías en su sistema de justicia. Diversas organizaciones, fundaciones y comités han elevado su voz de alarma, al constatar que las detenciones arbitrarias de líderes sindicales, políticos, sociales e incluso defensores de derechos humanos, están afectando gravemente el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Todos ellos consagrados en la Constitución venezolana y en instrumentos internacionales.

El panorama es desalentador: en lo que va del año 2024, se han registrado un número alarmante de detenciones sin orden judicial, con cuerpos de seguridad sin identificación y rostros cubiertos. Estas detenciones van acompañadas de desapariciones forzadas temporales, retención en prisiones políticas, presentación de los detenidos ante tribunales de terrorismo sin base legal y la imputación de delitos como instigación al odio y asociación para delinquir, previstos en la Locdoft.

La situación se agrava cuando se impide el acceso a un abogado de confianza, forzando la imposición de un defensor público y llevando a menudo a tratos crueles, inhumanos y degradantes que perjudican al procesado. Los detenidos por motivos políticos no aparecen en los registros de la Unidad de Recepción y Distribución de Expedientes durante la semana, ni en los listados de los fines de semana, impidiendo la entrada a la sede y por consiguiente la participación como defensa privada.

Este patrón de violación del derecho a la defensa de los detenidos por razones políticas, que se ha profundizado desde inicios de año, es un agravamiento del existente anteriormente. El sistema de justicia en Venezuela no ha mejorado y se mantiene el patrón de persecución política con la complicidad de este.

Las organizaciones no gubernamentales han hecho un llamado a los organismos internacionales a procesar toda la documentación enviada sobre estos casos, especialmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Exhortan al sistema de justicia venezolano a cumplir con su mandato constitucional y a las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales, en particular a los jueces de la República a garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la defensa a través de un control judicial efectivo.

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