La búsqueda de una institución educativa pública en buen estado se ha convertido en una verdadera quimera en la gran mayoría de las entidades de nuestro país, incluso más allá de las fronteras. Y es que, la realidad es que la inmensa mayoría de estos planteles presentan graves problemas en su infraestructura, así como en servicios básicos como el agua potable y la electricidad.
Zuly Mora, coordinadora del Observatorio de Educación de FundaRedes, declaró que en estados como Amazonas, Delta Amacuro, Zulia, Apure o Táchira, la comunidad estudiantil de zonas urbanas y rurales se ve obligada a recibir clases en escenarios verdaderamente catastróficos.
La realidad de muchas instituciones educativas en el país es de precariedad y decadencia; por consiguiente, el proceso de enseñanza aprendizaje no puede desarrollarse efectivamente, afirmó Mora.
Desde hace 18 años, se ha observado un deterioro progresivo de las instalaciones educativas en todos los niveles, desde el estado de los edificios por falta de mantenimiento, hasta la falta de recursos y condiciones básicas necesarias para su funcionamiento.
Mora señaló que en escuelas, liceos y universidades públicas es común encontrar problemas como techos y paredes en mal estado, filtraciones, baños insalubres, falta de mobiliario adecuado, aulas y espacios prácticamente en ruinas, entre otras deficiencias.
Estas condiciones adversas afectan indudablemente la calidad de la educación y el desarrollo integral de los estudiantes, así como la labor docente, puntualizó Mora.
La coordinadora del Observatorio de Educación de FundaRedes explicó que esta organización ha podido constatar a través del monitoreo y las constantes denuncias de docentes, estudiantes, padres y representantes que cada día la infraestructura de las instituciones educativas empeora.
Este deterioro no solo pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y el personal educativo, sino que también afecta su motivación y rendimiento académico, aseguró.
Mora recalcó que el Estado venezolano debe establecer un sistema de mantenimiento y reparación constante de las edificaciones educativas en los estados fronterizos y en el resto del país, con el fin de garantizar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje.
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