Operación Vida Pacífico XIX La Policía Nacional de Colombia, en alianza con las Fuerzas Militares, ha desatado una feroz ofensiva contra la minería ilegal en el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, en el departamento de Chocó. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ha liderado esta cruzada, con el objetivo de acabar con la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales preciosos.
El Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales ha sido el encargado de ejecutar esta arriesgada misión, logrando inutilizar equipos valiosos utilizados en la minería ilegal. Entre los elementos destruidos, se encuentran 2 dragones tipo brasileños, 4 motobombas industriales, 2 motores industriales y 2 generadores de energía, con un valor total de aproximadamente $2.780.000.000 millones de pesos. Esta cifra representa un duro golpe a las finanzas de las actividades ilícitas en la región.
La destrucción de estos equipos mineros no solo afecta el bolsillo de los delincuentes, sino que también previene la contaminación de las fuentes hídricas y el suelo de la región. La disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, como aceites, combustibles y químicos, es una práctica común en la minería ilegal, y provoca la pérdida de cobertura vegetal y la alteración de la dinámica de las especies endémicas del área. Además, se ha impedido la realización de actividades minero extractivas a cielo abierto, las cuales devastan la capa vegetal y dañan el aire, el agua, la fauna, la flora y el suelo, introduciendo maquinaria pesada para excavaciones profundas en busca de oro.
Esta operación se ha llevado a cabo bajo el amparo legal de la Ley 1801 de 2016 y la Ley 2111 del 2021, que regulan las actividades mineras y sancionan los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La intervención policial también responde a la Sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río Atrato y sus afluentes como sujetos de derechos, y enfatiza la necesidad de su conservación y protección.
La Policía Nacional continúa su lucha contra la minería ilegal, asegurando el cumplimiento de la ley y el orden en todas las regiones del país, especialmente en zonas vulnerables a la explotación ilícita. Esta acción también ha tenido un impacto directo sobre las finanzas del Frente Héroes de Jesús Carretera de las AGC, liderado por alias Peñaranda. Este grupo, que se beneficia del 20% de las actividades mineras ilegales mediante extorsiones, ha visto disminuir sus capacidades económicas como resultado de estas intervenciones. Un gran triunfo para el medio ambiente y la justicia en Colombia