La SCJN no perdona la negligencia del Congreso en la Ley de Aguas La presidenta Norma Piña Hernández rechaza otorgar más tiempo al Poder Legislativo por su conducta renuente en publicar la Ley General de Aguas, a pesar de las reiteradas advertencias.
En un reciente acuerdo, Piña Hernández fijó un plazo de 10 días hábiles para que el Senado y la Cámara de Diputados detallen el estado actual del proceso legislativo y entreguen un calendario con etapas específicas para acatar la sentencia de 2022. Caso contrario, se enfrentarán a sanciones.
La falta de cooperación de ambas cámaras es evidente, ya que no han justificado su renuencia a pesar de los múltiples recordatorios desde que venció el plazo original. La ministra ha dejado en claro que se impondrán las responsabilidades constitucionales correspondientes según los artículos 46 y 47 de la Ley Reglamentaria en la materia.
Ambas cámaras han presentado algunos avances, como el proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas en el Senado y un diagnóstico sobre la problemática del agua en México en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no han remitido el cronograma solicitado por la SCJN, lo que ha llevado al rechazo de la prórroga.
La SCJN no tiene autoridad para modificar la ejecutoria original, y como el plazo otorgado en la sentencia ya ha sido excedido, la presidenta no tiene más opción que mantener su postura.
Este caso se remonta a enero de 2022, cuando la Corte resolvió 11 controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua, quienes impugnaron la omisión del Congreso en la expedición de la Ley General de Aguas. El Pleno de la Corte ordenó su publicación durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, pero hasta ahora no ha habido resultados. La Ley de Aguas Nacional de 1992 sigue vigente.