
Carlos N. ha sido vinculado a un proceso judicial por su presunta implicación en el delito de trata de personas, después de supuestamente forzar a una joven de 17 años a prostituirse y grabarla para amenazarla, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México FGJEM.
En un caso diferente, dos ciudadanas venezolanas fueron sentenciadas a 30 años de prisión por trata de personas y explotación sexual en Guanajuato, que ocupa el noveno lugar a nivel nacional en delitos sexuales durante el primer trimestre del año.
Según la fiscalía, Carlos N. obligó a la menor a mantener relaciones sexuales en diversos hoteles de Toluca desde abril hasta noviembre de 2024. Se cree que el beneficiario económico de esta actividad ilícita es el sospechoso detenido. Además, el acusado amenazó a la víctima con difundir vídeos íntimos a su familia si se negaba a continuar con la actividad.
Tras recopilar pruebas suficientes, un juez del Poder Judicial del Estado de México decidió vincular a Carlos N. a proceso por su presunta participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de aquel que se beneficia de la explotación de una persona a través de la prostitución ajena, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravada por cometerse en contra de una menor de edad.
Por otro lado, Eduardo Miranda Olivares fue sentenciado a más de 13 años de cárcel por obligar a una mujer nicaragüense a prostituirse en bares y hoteles de Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza e incluso en el estado de Hidalgo. Según las autoridades, Miranda Olivares obligó a la víctima a prostituirse durante 7 años, mientras se beneficiaba del dinero obtenido, e incluso la amenazó con denunciarla a las autoridades migratorias por su estancia irregular en México.
Miranda Olivares fue sentenciado por el delito de trata de personas, y se le ordenó permanecer en prisión mientras dure el proceso. La fiscalía advierte que continuará investigando y procesando a todos aquellos que se dedican a la trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos más básicos.,