
El propietario y el trabajador del Crematorio Plenitud, donde se encontraron recientemente al menos 383 cuerpos sin identificar, fueron acusados formalmente por la comisión de dos delitos. Un juez determinó que permanecerán en prisión preventiva mientras dura la investigación, que tendrá una duración de seis meses. Los acusados, José Luis A.C. y Facundo Teófilo M.R., se negaron a hacer declaraciones durante la audiencia.
Los abogados defensores de los detenidos aseguran que sus clientes no cometieron ningún delito, sino que simplemente cometieron errores administrativos debido a la falta de supervisión de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Coespris. Además, afirmaron que el crematorio tenía una licencia de funcionamiento válida y que la ley no establece un límite máximo de cuerpos que pueden acumularse. También argumentaron que las autoridades de Coespris, Ecología, Protección Civil Municipal y Desarrollo Urbano también tienen responsabilidad en el caso, ya que no supervisaron adecuadamente el establecimiento.
Según el fiscal, los acusados cometieron delitos según el Artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece penas de hasta dos años de prisión para aquellos que oculten, destruyan o entierren un cadáver sin la autorización correspondiente. También se les acusa de cometer un delito federal previsto en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud, que prevé penas de hasta 17 años de prisión para aquellos que ilícitamente obtengan, conserven, utilicen, preparen o suministren órganos, tejidos y componentes, cadáveres o fetos humanos.
El juez de Control, Apolinar Juárez Castro, consideró que había pruebas suficientes para vincular a proceso a ambas personas por los dos delitos y que él tenía competencia para conocer del delito federal porque la ley se aplica en todo el país y sus disposiciones son de interés público e interés social.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se lleve a cabo una investigación sobre el caso que cumpla con los estándares internacionales y que respete los derechos de las personas fallecidas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua ya está investigando el caso y ofreció su apoyo a las víctimas y sus familias.
Es importante destacar que muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en vida persisten en la muerte. En México, la forma en que se tratan los cadáveres ha generado indignación y preocupación, como se puede ver en un video reciente que muestra a presuntos empleados del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de México INCIFO jugando con un cadáver.,