
La expresión Descansa en paz está perdiendo su significado en México, debido al incremento de delitos contra los cadáveres y la falta de respeto a sus restos. En lugar de velar por el descanso eterno de los fallecidos, algunas personas han optado por cometer actos atroces, como profanar tumbas, desmembrar cuerpos y comerciar con ellos.
En los últimos días, se han reportado varios casos de esta naturaleza en diferentes regiones de México. Uno de los más recientes tuvo lugar en el estado de Chihuahua, donde las autoridades encontraron 383 cuerpos embalsamados en un crematorio sin haber sido incinerados. El propietario del lugar, que daba servicio a siete funerarias, ha sido acusado de inhumación, exhumación y violación del respeto a los cadáveres.
En la Ciudad de México, trabajadores del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Incifo fueron grabados en video mientras se burlaban y jugaban con partes de cuerpos humanos, lo que ha generado indignación y exigencias de destitución para los responsables.
Estos hechos se suman a una larga lista de casos similares ocurridos en diferentes partes del país en los últimos años. Por ejemplo, en Jalisco, tráileres que almacenaban cuerpos fueron llevados de un lugar a otro, generando rechazo y protestas de los habitantes de las zonas donde se ubicaban.
En Guerrero, 60 cuerpos embalsamados fueron hallados en un horno crematorio abandonado en 2014, lo que llevó a la destitución del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del titular del Servicio Médico Forense.
La profanación de tumbas y la violación del respeto a los cadáveres están castigados por ley en México, con penas de prisión, multas económicas e incluso inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, la impunidad y la falta de recursos para llevar a cabo investigaciones adecuadas han contribuido al incremento de estos delitos.
La situación es alarmante y requiere de la intervención urgente de las autoridades para garantizar el respeto a los cadáveres y a la dignidad de los familiares de los fallecidos. La aplicación de la ley y la sanción a los responsables de estos actos atroces son medidas necesarias para poner fin a esta situación y restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley.,