
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha apelado la decisión de un juez federal que rechazó otorgarle un amparo contra la orden de arresto en su contra. Aureoles se enfrenta a cargos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta, relacionados con un supuesto desfalco de 3,412 millones de pesos por la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil a precios excesivos.
La demanda de revisión presentada por el exmandatario estatal ha sido remitida a un tribunal colegiado de carácter penal. El 3 de junio, Jovita Vargas Alarcón, jueza novena de Distrito en asuntos penales, denegó la protección de justicia a Aureoles. En su fallo, la jueza argumentó que la decisión de Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al centro de justicia penal federal en el reclusorio Oriente, de conceder la orden de captura está justificada y motivada. Esto se debe a que las pruebas presentadas indican su participación directa en los hechos descritos por la fiscalía, como el probable responsable de haber realizado, desde 2016 hasta 2021, junto con otros siete servidores públicos federales, actos deliberados para celebrar contratos de servicios, arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición de siete cuarteles de seguridad pública en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, a favor de Inmobiliaria DYF, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Cabe destacar que la Fiscalía General de la República ha estado supervisando al exgobernador de Michoacán y a siete de sus antiguos colaboradores durante los últimos dos años, con miras a su detención.,