Juez decreta prisión contra expresidenta del TSJ de Guerrero por Ayotzinapa

La exlideresa del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, fue encarcelada el pasado 14 de mayo bajo una orden de prisión preventiva, tras ser acusada de manipulación de pruebas y desaparición forzada en el marco del escándalo de Ayotzinapa.

En una audiencia realizada el día siguiente, la jueza federal determinó prolongar el periodo de investigación y mantener la prisión preventiva contra Galeana, quien habría desaparecido deliberadamente evidencias cruciales relacionadas con el ataque a los estudiantes normalistas ocurrido en 2014.

Entre las evidencias desaparecidas se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, que contenían las imágenes de los incidentes del 26 y 27 de septiembre de ese año, donde los normalistas fueron atacados por policías municipales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Galeana era la responsable del cuidado de los empleados Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez, ambos pertenecientes al área de informática y soporte técnico del tribunal, quienes también están siendo investigados en relación con el caso.

Desde hace varios años, los familiares de las víctimas han sospechado de la implicación de Galeana en el encubrimiento de las pruebas, y señalan que ella estuvo a cargo cuando se recibió el paquete del expediente de los detenidos, pero que las grabaciones desaparecieron cuando la Procuraduría General de la República solicitó su acceso.

En otras noticias, un presunto integrante de un grupo delictivo fue detenido en Montemorelos, Nuevo León, portando una camisa con el logotipo de la Policía Municipal, lo que ha despertado sospechas sobre la posible infiltración de grupos criminales en las fuerzas de seguridad locales.

En otros temas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda para reabrir la prisión de Alcatraz y utilizarla como centro de detención de inmigrantes, una decisión que ha sido recibida con controversia y protestas por parte de los activistas locales.

Finalmente, las autoridades mexicanas continúan investigando el asesinato de la activista Ximena Guzmán y su esposo José Muñoz, un caso que ha generado indignación y preocupación por el aumento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en el país.,