
La psiquiatra Agustina Cosachov, primera testigo en declarar en el juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, declaró este jueves que el exfutbolista se negaba a ser internado en un centro médico y que la familia se oponía a una internación forzada. La especialista señaló que, en teoría, sería beneficioso que Maradona continuara su rehabilitación en un centro, pero el paciente no estaba de acuerdo.
La familia de Maradona también se mostró en desacuerdo con la idea de una internación forzada, ya que habían tenido malas experiencias previamente. El astro del fútbol permaneció en la Clínica Olivos desde el 3 de noviembre hasta el 11 de noviembre de 2020, fecha en que fue trasladado a una casa en Tigre, en las afueras de Buenos Aires, para continuar su tratamiento médico en casa, donde falleció dos semanas después.
La decisión de continuar el tratamiento del exfutbolista en su hogar y las condiciones de la internación domiciliaria han suscitado polémica y son cuestiones clave en el juicio. Testigos han atribuido la responsabilidad tanto a los médicos como a los familiares de Maradona por la decisión de continuar con el tratamiento en casa en lugar de una clínica. Se dice que la decisión se tomó en una reunión antes de su traslado.
Cosachov declaró que solicitó al auditor de la empresa de medicina privada Swiss Medical que se proporcionara el equipo y los profesionales necesarios para el tratamiento en casa. Sin embargo, una vez que Maradona fue trasladado a su hogar, la psiquiatra empezó a detectar irregularidades y se las comunicó al médico de Maradona, Leopoldo Luque, y a la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini. Ambos están imputados en este caso.
Además de Cosachov, Luque, Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Pedro Di Spagna y Marco Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón serán juzgados en este proceso. La enfermera Gisela Madrid también está acusada pero afrontará un juicio por jurados.
Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión.,