La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma a la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos, con el objetivo de establecer nuevos criterios para la protección y custodia de datos, mejorar el clima de negocios y atraer inversión extranjera. La reforma, impulsada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, busca sancionar con penas más severas los delitos informáticos, especialmente aquellos relacionados con el mal uso y manipulación de datos por parte de empresas, terceros o intermediarios.
La nueva legislación también amplía la definición de fraude informático y aumenta las penas de cárcel para aquellos que utilicen su acceso legítimo a bases de datos con fines ilícitos. Con esto, se busca minimizar el riesgo de accesos no autorizados a datos personales e información financiera, lo que favorecerá la autocustodia de bitcoins y otras criptomonedas entre los salvadoreños.
La reforma también introduce nuevas definiciones para los actores involucrados en el manejo de información, como el propietario de los datos, el custodio de los datos, el controlador de los datos y el procesador de los datos. Además, los exchanges de criptomonedas y monederos digitales estarán sujetos a un escrutinio más estricto y se considerarán actividades ilícitas la alteración de transacciones o balances, el ocultamiento o disfrazamiento de información, y la venta de información personal por parte de los empleados de estas entidades.
La meta final del gobierno de Bukele es ofrecer certeza jurídica a las personas, empresas e inversionistas, garantizando los datos personales de los ciudadanos y mejorando el clima de negocios y las oportunidades de inversión en el país. Con estas regulaciones, El Salvador se posiciona como uno de los países con una regulación más completa para el ecosistema de bitcoin y criptomonedas.
Es importante mencionar que la reforma a la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos también incluye a los servicios basados en tecnologías blockchain. Con esto, El Salvador busca ser un líder en la adopción y regulación de las criptomonedas y la tecnología blockchain en América Latina.