A seis meses del doble homicidio en Varela, dos teorías dividen a las partes implicadas

Han transcurrido más de cinco meses desde el brutal asesinato de Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, en un terreno baldío del barrio Bosques, en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el caso que conmocionó a la zona sur del conurbano bonaerense sigue sin solución y sin detenidos. La investigación parece estancada, mientras las partes acusadoras no logran ponerse de acuerdo sobre lo que ocurrió realmente el 27 de enero.

Aquella tarde, los adolescentes salieron de sus hogares con destino al gimnasio, pero nunca llegaron. Dos días después, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en un descampado ubicado a pocos metros de las vías del tren. La autopsia determinó que ambos murieron a causa de fuertes golpes en la cabeza que provocaron hemorragias cerebrales. Desde el principio, la causa fue calificada como homicidio criminis causa, es decir, un asesinato para encubrir otro delito. La pregunta es, cuál fue ese delito

Existen dos teorías al respecto. Por un lado, se cree que el móvil pudo haber sido un robo que terminó de forma trágica en un contexto de marginalidad y abandono. Por otro lado, hay quienes insisten en una hipótesis más inquietante: un crimen vinculado a una congregación religiosa que operaba cerca del lugar donde fueron hallados los cadáveres. La investigación, que debería unir a las familias en el pedido de justicia, se ha visto dividida por las diferentes teorías de los abogados que las representan.

Aníbal Osorio, abogado de la madre de Paloma, Alicia Pita, sostiene que el crimen fue consecuencia de un entorno de inseguridad estructural. Según él, los asesinos conocían el terreno y lo frecuentaban, y el descampado donde fueron encontrados los cuerpos es un lugar abandonado, sin iluminación ni vigilancia, donde confluyen adicciones y delitos menores. Osorio descarta cualquier motivación religiosa o esotérica y solicitó pericias genéticas y análisis de ADN para identificar a un posible tercer perfil genético encontrado en la escena del crimen.

Por su parte, Carlos Dieguez, letrado de los padres de Josué, plantea una hipótesis más compleja y delicada: los crímenes podrían estar vinculados a una congregación evangelista que operaba en un galpón cercano al lugar del hallazgo, conocido como Familias Sanas, a la que asisten semanalmente allegados a Paloma. Según esta línea de investigación, el lugar podría haber sido usado para reuniones con tintes sectarios o rituales. Dieguez solicitó un allanamiento del galpón y pide que se investigue a fondo a la congregación, ya que, según él, sus actividades no están registradas de manera oficial.

Desafortunadamente, la desconfianza entre los dos abogados ha llegado a tal punto que ya no pueden trabajar juntos y Osorio renunció a representar al padre de Paloma, Omar Gallardo, por diferencias en la estrategia. Mientras tanto, el fiscal Darío Provisionato, a cargo de la UFI N°1 de Florencio Varela, intenta mantener un enfoque técnico y ser prudente, analizando el celular incautado en el galpón y ordenando extracciones de sangre a los familiares para comparar perfiles genéticos. Hasta ahora, no hay detenidos ni sospechosos con pruebas relevantes, y la causa sigue en un limbo judicial, mientras las familias continúan en duelo y enfrentadas.,