
La Corte Suprema de Justicia de la Nación SCJN discutirá y votará hoy un proyecto de sentencia que anula por primera vez un procedimiento abreviado, al considerar que una mujer no fue debidamente defendida y que los jueces no consideraron su situación de vulnerabilidad de género. El caso se refiere a Rita, una mujer de 34 años que, en 2017, admitió haber dejado abiertas las llaves de gas de su casa con la intención de asesinar a sus tres hijos.
Rita, originaria de una zona rural y de bajos recursos, fue asesorada por una abogada de oficio desconocida para ella, quien no le explicó sus derechos ni la implicación de aceptar un procedimiento abreviado. La jueza a cargo del caso no informó a Rita sobre su derecho a apelar la condena de 20 años que se le impuso.
El procedimiento abreviado permite a una persona acusada de un delito renunciar a un juicio a cambio de una pena reducida, lo que representa un ahorro de tiempo y dinero para la fiscalía. Sin embargo, en el caso de Rita, el procedimiento fue cuestionable debido a su situación de desventaja social, educativa y de género, que no fue considerada por los abogados, fiscales ni jueces involucrados.
La ministra Loretta Ortiz propone revivir el caso de Rita y establecer la obligación de juzgar con perspectiva de género en los procedimientos abreviados, lo que requeriría una mayor observancia de los derechos humanos. Si este proyecto es aprobado, sentaría un precedente al diagnosticar y visibilizar las fallas sistémicas en la operación de la justicia penal.
El caso de Rita destaca la importancia de una defensa efectiva y la necesidad de considerar la situación de vulnerabilidad de las personas involucradas en los procedimientos abreviados. La falta de una defensa adecuada y la invisibilización de la situación de desventaja de Rita generaron un proceso viciado y colapsado, según el proyecto de la ministra Ortiz.
Es responsabilidad de abogados defensores, jueces de control y fiscales garantizar que los procedimientos abreviados se lleven a cabo estrictamente, respetando los derechos humanos y considerando las condiciones de vulnerabilidad y desventaja de las personas involucradas. El proyecto de la ministra Ortiz concluye que la obligación de juzgar con perspectiva de género no puede escapar de ser aplicada en el procedimiento abreviado.
Si la resolución es aprobada, el efecto inmediato será la anulación del proceso contra Rita y la creación de lineamientos para futuros casos similares. La SCJN tendrá la oportunidad de establecer un precedente importante en la consideración de la situación de vulnerabilidad de género en los procedimientos abreviados y en la garantía de una defensa adecuada para todos los involucrados.,