
Un juez ha vinculado a proceso y ratificado la prisión preventiva para Jorge N y José Alfredo N, acusados de dañar manglares con el fin de lotificar y vender terrenos ganados al mar en el Puerto de Sisal, perteneciente al municipio de Hunucmá, Yucatán, según informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa. Este hecho se da en respuesta a la denuncia presentada por la Profepa ante la Fiscalía General de la República FGR, luego de que se detectara el ilícito desmonte de vegetación y la violación de sellos de clausura en las zonas costeras de Sisal.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora de la Profepa, ha declarado que se ha venido observando una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas en Sisal. Dicha conducta es inaceptable, especialmente porque se está afectando uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta, el mangle.
La Profepa ha presentado una denuncia ante la FGR, en virtud de que la afectación al mangle está penada en el artículo 420 Bis, fracción I, del Código Penal Federal. La ley sanciona con dos a diez años de prisión y de 300 a 3000 días multa a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos sin autorización.
La Profepa descubrió en febrero y marzo de 2025 tres zonas en la costa de Sisal afectadas por la eliminación de vegetación arbustiva y matorral costero asociadas a una especie protegida de manglar: mangle botoncillo. El daño abarca un total de 37,784 m2. Ante esto, se impusieron clausuras y se abrieron procedimientos administrativos para impedir la comisión de estos ilícitos.
Sin embargo, los sellos de clausura se violaron en repetidas ocasiones, reiniciándose los procesos de desmonte de vegetación e incluso urbanizándose los terrenos sin el consentimiento de la autoridad ambiental federal. Por tal motivo, la Profepa presentó una denuncia de hechos ante la FGR.
La Fiscalía sugirió que la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat establecieran mesas de diálogo con los habitantes de la zona para buscar soluciones alternativas y atender las necesidades de la población, las autoridades municipales y estatales de Yucatán. A pesar de los acuerdos alcanzados en dichas reuniones, los procesos de desmonte y urbanización continuaron en la zona federal marítimo-terrestre.
Cabe resaltar que la zona federal marítimo-terrestre es propiedad de la nación, y cualquier obra o proyecto de construcción en estas áreas requiere una concesión y autorización de las autoridades competentes. La Profepa se ha comprometido a trabajar junto con la FGR y otras instituciones para fortalecer el caso y aplicar todo el peso de la ley a quienes cometan ecocidio o depredación de especies.
Por otra parte, se llevó a cabo en Tamaulipas la plantación de 300 plántulas de mangle en La Pesca, como parte de los esfuerzos por restaurar y proteger este ecosistema vital.,